Desde hace décadas, Israel está ocupando y desmantelando Palestina. Durante el último año de pandemia, han aprovechado para avanzar mientras la mirada internacional está puesta en otra cosa. Hace unas semanas un amigo que nos mostró una organización allá en Ramallah, me mandó unas fotos de como el ejercito israelí había forzado la puerta de su sede y había destrozado todo. Me sentí en la obligación de denunciarlo y escribí un artículo para el Diario de Noticias. Os lo muestro.
Israel desmantela organizaciones al servicio del pueblo palestino
Llevamos masticando tanto tiempo, que nos hemos olvidado del plato que estábamos comiendo. Esto ocurre con el conflicto palestino-israelí, que las pocas noticias que llegan, resbalan sobre una piel acostumbrada.
La realidad es que ya son 73 años de conflicto y como se diría coloquialmente “la cosa avanza”, la cuestión es que sólo avanza en una dirección y es hacia la expulsión del pueblo palestino. Antes de centrarme en el ahora de la realidad palestina en este último año de coronavirus, es importante recordar ciertas leyes y cifras del conflicto, debería ser como un mantra, pero más bien parece una leyenda que nadie se cree.
Desde 1948 con lo que conocemos como la Nakba, Israel ha ido ocupando el territorio palestino vulnerando derechos humanos y desoyendo resoluciones internacionales. Han sido más de 30 resoluciones y da la sensación de que la cúpula de Hierro israelí no solo derriba los misiles palestinos, también lo hace con las resoluciones emitidas contra ellos, ya que nada cambia.
Desde la 194 de 1948, donde permite a los refugiados que lo deseen retornar a sus casas, a la 242 de 1967 donde se le obliga a la retirada del territorio palestino y a la que se hace mención cada vez que se redacta una nueva resolución, o la más reciente 2234 de 2016, donde no se le da validez legal al asentamiento israelí. En muchas resoluciones se muestra una preocupación internacional por los actos del estado de Israel, y mi pregunta es ¿No es hora de mostrar esa preocupación con hechos y no con palabras? ¿No son suficientes más de 50.000 personas fallecidas en todo el conflicto, en su mayoría civiles?
Durante el pasado mes de mayo se sucedieron los últimos enfrentamientos. Todo comenzó con las movilizaciones en Jerusalén por los desalojos en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan de varias familias. Un total de 169 personas se quedaron sin techo para que un colono judío se apropiara de su casa. Esto ocurre sistemáticamente con total impunidad desde hace décadas. Es más, Israel incumple la 4ª Convención de Ginebra, donde Israel en Cisjordania ha asentado ya más de medio millón de civiles, que impiden el acceso a tierras y recursos hídricos, hecho que puede considerarse crimen de guerra ya que se prohíbe el traslado y asentamiento a territorio ocupado. Para más inri, los asentamientos han llegado a justificarse antes las Naciones Unidas, remitiendo a textos de la Biblia. Todo esto llevó a las movilizaciones, donde 300 palestinos resultaron heridos y provocó el inicio del conflicto desde Gaza. Misiles volaron en ambas direcciones, Israel con la cúpula de Hierro interceptó la mayoría, pero Gaza quedó muy afectada. El total de fallecidos fueron 274 personas, 263 eran palestinos, y lo peor, 73 niños y niñas. 450 edificios derruidos, entre ellos 15 hospitales y 40 escuelas.
Ante estos hechos, Human Right Watch, una organización internacional con sede en Estados Unidos, ha acusado a Israel de aplicar políticas de apartheid y persecución a los palestinos tipificadas como crímenes contra la humanidad.
Estas son las noticias de las que nos hacemos eco, si es caso que por casualidad ese día en el telediario de la noche, has puesto la cadena, si no, ni eso. Pero hay otras noticias que ni siquiera llegan a nuestros oídos y las que dan sentido a este artículo. Durante este último año la mirada internacional se ha centrado casi exclusivamente en la pandemia global de la covid19. Israel ha sacado provecho de ello y aparte de continuar con los asentamientos tanto en Jerusalén como en Cisjordania, ha desmantelado campamentos palestinos, no ha suministrado vacunas a los territorios ocupados. Y de nuevo nos encontramos con la 4ª Convención de Ginebra donde se le obliga a la potencia ocupante a dar servicios al pueblo ocupado. Nada más lejos de la realidad, lo que ha hecho Israel es ir desmantelando poco a poco las organizaciones de carácter progresista que dan servicios básicos a la población palestina.
Comenzaron en junio de 2020 entrando por la fuerza en la sede del BDS, organización pacífica que desde el 2005 promueve el boicot, la desinversión y la sanción al estado israelí sobre territorio ocupado. Además de asolar la sede, en su casa y delante de sus hijos, detuvieron a Mahmoud Nawajaa, su coordinador. Más adelante fue la UPWC, organización de mujeres situada en Ramallah. Allí además de destruir la sede, ordenadores y apropiarse de archivos, detuvieron entre otras personas a Khitam Al-Saafin, presidenta de la organización. Meses más tarde ocurriría lo mismo con Adameer, la organización que lucha por los derechos de los presos. Apuntar que hay más de 5000 presos y muchos de ellos están sin cargos. Ya en este 2021 tocaría al Health Work Comitte, organización por la salud, donde se detuvieron a varias personas entre ellas a la española Juana Ruiz, que movilizó a la sociedad y diferentes gobiernos para reclamar su libertad #LibertadJuani. Todos los esfuerzos han sido en balde ya que sigue presa sin cargos que la condenen. La sede a día de hoy está clausurada afectando a 14 clínicas que dan asistencia sanitaria a la población palestina.
La última organización en ser atacada por las fuerzas militares isralíes fue el UAWC, el comité de agricultores. Esto ocurrió el pasado 7 de julio. Islam, uno de sus miembros me contactó por whatsap para enviarme fotos y vídeos del estado en el que había quedado la sede. Debo decir de mi implicación con todas estas organizaciones y personas, ya que he estado junto a otros brigadistas en ellas y he conocido a la mayoría de las personas detenidas. Personas que llevan luchando y defendiendo los derechos humanos desde hace décadas y que por ello han sido detenidas.
Las fuerzas militares imponen estas detenciones administrativas según la orden militar 1651, por la que pueden detener a una persona si tienen razones fundadas de que la seguridad de Israel se ve afectada. Lo hacen por un periodo de seis meses, prorrogable indefinidamente, presos han llegado a estar años. La utilización arbitraria de este mecanismo es una grave violación de la legislación internacional y de los estándares de respeto a los Derechos Humanos, en varios de los artículos de la 4ª Convención de Ginebra.
Israel no sólo no está prestando servicios al territorio ocupado, está construyendo un muro que ahoga poco a poco a su población y ahora ha comenzado a destruir a las organizaciones que se ocupan de dar los servicios básicos y que son un puente de relación entre el pueblo palestino y otras organizaciones no gubernamentales y asociaciones en el exterior, sobre todo Europa. Desactivando estas organizaciones se elimina la posibilidad de realizar proyectos de desarrollo para la comunidad, deja de tener contacto con el exterior para denunciar su situación y empuja al abismo del olvido a Palestina, borrando su realidad laica y progresista y reduciéndola a la etiqueta de país islámico. No permitamos que eso suceda.
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